No comprendo aún la decisión que tomó la fiscal la semana anterior, sobre el decomiso de 19 armas de fuego, cuando los imputados no tenían permiso para portarlas.
La fiscal decidió que no se tomaran medidas contra los sujetos, bajo un criterio de oportunidad “por insignificancia del hecho”.
La ley es clara –y además se estableció para aplicarse-, el artículo 88, de la Ley de Armas y Explosivos, sanciona la tenencia y la portación ilegal de armas permitidas con seis meses a tres años de prisión.
Por que razón se deja impune un delito penal tan delicado que lo único que malogra es el aumento de la crisis de criminalidad y la violencia que amenza la seguridad de todos.
No concibo que se desacredite la labor que realizó la fuerza pública en los operativos, donde logró la detención de las armas, dos de ellas hechizas.
Denominar este hecho de esta forma, es decir que la labor de los oficiales es inútil e “insignificante”, es equivalente a decir que los operativos de carretera son una pérdida de tiempo y dinero para el estado.
Imagino que para el criterio de la fiscal, un hecho relevante sería decomisar un arsenal de armas suficiente para iniciar una pequeña guerra civil.
La violencia es una emergencia nacional, no podemos permitir que nuestros fiscales, decidan sobre situaciones tan importantes con subjetividad, si para evitar eso, tienen un manual que se llama Código Penal.
Tampoco debemos dejar que la incomunicación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, deteriore la barrera contra el hampa y abra un brecha para que los criminales continúen infringiendo la ley sin temor a responder ante ella.
